Todo abogado penalista ha tenido que responder alguna vez a la misma pregunta: “¿cómo puedes defender a una persona si sabes que es culpable?”. La respuesta está en la Ley, que establece que todas las personas -sean inocentes, culpables, o mediopensionistas- tienen el derecho fundamental “a la defensa y a la asistencia de letrado, (…) a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia”. Y es el abogado la persona encargada de garantizar que quien se vea sometido a un procedimiento penal pueda ejercer ese derecho fundamental.

De hecho, la grandeza de un Estado de Derecho consiste, entre otras cosas, en saber que cuando se condena a alguien se hace tras un juicio justo con las debidas garantías del derecho de defensa.

Pero este post no trata de los aspectos éticos de la defensa de un culpable, sino de un problema práctico que también puede plantearse un abogado: ¿cómo defender a un cliente que, no solo es culpable, sino que además cuenta con pruebas de cargo tan rotundas que tiene imposible conseguir la absolución?

Pues bien, he aquí un listado de posibles estrategias:

Primero, estudiar la prescripción..

La prescripción es siempre lo primero que hay que comprobar (sea o no sea culpable el cliente) al asumir una nueva defensa. Muchas veces, por la complejidad de la investigación, la demora de la víctima en denunciar, o la lentitud del juzgado en cuestión, el tiempo transcurrido desde la comisión del delito hasta que el procedimiento se dirige contra el culpable supera los plazos del Código Penal, y nos bastará alegar la prescripción para salvar a nuestro cliente de la temida condena.

Segundo, pedir la nulidad de las pruebas de cargo.

A veces, esas pruebas que creemos demoledoras contra nuestro cliente han sido obtenidas por medios ilícitos o con vulneración de derechos fundamentales. Como en la lucha contra el delito no todo vale, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”.

La nulidad de las pruebas se puede pedir en diversos momentos del proceso: al levantarse el secreto de sumario, durante la instrucción, como cuestión previa al comenzar el juicio oral, en el recurso de apelación o casación… Y no hay que desanimarse si la primera vez que se pide se desestima: si de verdad entendemos que existe nulidad, reiterémoslo en cada fase del procedimiento hasta el final.

Tercero, la mediación y la negociación.

A veces el cliente que ha cometido un delito no está imputado todavía, pero acude a nosotros porque ha recibido un burofax de la víctima advirtiéndole de acciones penales.

En estos casos el abogado debe utilizar sus habilidades negociadoras y su capacidad de convicción para evitar al cliente un procedimiento penal. Y doblemente: por un lado, para llegar a un acuerdo justo con la parte contraria (que si de verdad ha sufrido un delito tiene derecho a ser resarcido) que evite la interposición de querella, y por otro, para convencer a nuestro cliente de que –aunque el orgullo le dicte otra cosa- es mejor un buen acuerdo que la posibilidad de terminar en prisión. Defender los intereses del cliente empieza muchas veces por convencer al ofuscado cliente de cuáles son de verdad sus intereses.

Cuarto, ser realistas y no obcecarse con una imposible absolución.

Un vicio típico en abogados principiantes (y a veces no tan principiantes) consiste en perder la perspectiva, dejarse llevar por un excesivo optimismo, y convencer al cliente de que su caso está ganado cuando no es así.

El abogado debe valorar con serenidad el caso que se le encomienda (la prueba de cargo y de descargo, la jurisprudencia aplicable…), y si hay posibilidades objetivas de obtener una absolución, dejarse la piel en ello. Pero cuando es objetivo que la sentencia será condenatoria, no podemos jugar al doble o nada con la libertad de nuestro cliente: habrá que centrarse en conseguir que la condena sea la menor posible.

Quinto, la confesión y la colaboración con la Justicia.

Puede ocurrir que nuestro cliente acuda a nosotros antes de su imputación, porque sabe que va a ser imputado próximamente. El cliente ha cometido un delito, la investigación está a punto de alcanzarle, y por los datos que tenemos su condena va a ser inevitable.

En ese caso, puede ser conveniente acudir inmediatamente al Juzgado de Guardia a presentar un escrito confesando el delito. De este modo, nuestro cliente podrá beneficiarse del atenuante de confesión para reducir la condena.

Pero ojo: la confesión debe prestarse antes de que el procedimiento se dirija contra nuestro cliente, de lo contrario no habrá atenuante. Además, la confesión debe ser completa (si nos guardamos datos y nos descubren, adiós atenuante) y sincera (si nuestro cliente falta a la verdad en algún punto esencial y es descubierto, también perderá el atenuante).

Si además de confesar prestamos una útil colaboración con la investigación (aportando documentación, etc) podríamos conseguir que la confesión se considere como atenuante muy cualificada, o incluso que se aprecie una nueva atenuante analógica.

Sexto, la reparación del daño..

Otro medio sencillo para rebajar la pena con un atenuante es proceder a la reparación del daño, esto es: indemnizar a la víctima antes del juicio.

En realidad, esta estrategia es válida para casi todos los casos, incluidos aquellos en que vemos accesible una libre absolución. Queda muy bien, en trámite de conclusiones, explicar al Juez lo honrado que es nuestro cliente que, a pesar de estar convencido de su inocencia, consigna el importe de la posible indemnización para no dejar desamparada a la víctima en caso de que el Juzgado entienda que ha cometido un delito.

Séptimo, las dilaciones indebidas.

Cada vez es más extraño encontrar un procedimiento penal que finalice en un plazo razonable, así que la norma habitual debe ser pedir la aplicación de este atenuante.

Octavo, la conformidad.

En muchos casos será conveniente acordar con el Fiscal (y en su caso, con la acusación) un acuerdo de conformidad y aceptar una pena menor a la que pensamos que podría recaer en caso de celebrarse el juicio. Es preferible quedar con el Fiscal días antes a la fecha del juicio para negociar y cerrar el acuerdo: mi experiencia es que se obtienen acuerdos más favorables así que negociando en la misma sala de vistas minutos antes del juicio (y con el Juez escuchando la negociación).

Noveno, un ejemplo práctico de estrategia de defensa.

Nuestro cliente se ha enterado de que va a ser denunciado por una persona a la que agredió en la discoteca causándole una lesión que requirió tratamiento médico para su curación. Además, sabemos que existen informes médicos que acreditan el alcance de la lesión, y una grabación en vídeo que demuestra la existencia de la agresión y la autoría de nuestro cliente: la condena es prácticamente segura.

Pues bien, daremos los siguientes pasos:

1º.- Acompañaremos a nuestro cliente al Juzgado de Guardia para presentar un escrito confesando los hechos.

2º.- Indicaremos a nuestro cliente que consigne en la cuenta del Juzgado el importe correspondiente a aplicar el baremo de indemnizaciones a las lesiones ocasionadas.

3º.- En su declaración como imputado, nuestro cliente reconocerá los hechos. Una vez terminada su declaración, solicitaremos la transformación en diligencias urgentes de juicio rápido.

4º- Quedaremos con el Fiscal y negociaremos un acuerdo. El Fiscal no pondrá reparos para apreciar las atenuantes de confesión y de reparación del daño. Si además es razonable, podremos convencerle para apreciar otra atenuante más por haber actuado en estado de embriaguez, ya que los hechos ocurrieron de madrugada en una discoteca (esto último, que sin pruebas objetivas nos costaría mucho acreditar en un juicio, es más factible pactarlo con el Fiscal).

Tenemos, por tanto, tres atenuantes, lo que permitiría reducir la pena en uno o dos grados. Lo que era una pena de entre tres meses y tres años de prisión, reducida en dos grados queda en una pena de entre 23 y 45 días de prisión: podríamos acordar con el Fiscal 30 días de prisión, que se sustituirían por 60 días de multa.

5º.- El Juez, reducirá en un tercio la multa de 60 días acordada, dejándola en 40 días. De este modo, lo que amenazaba con terminar en una pena de hasta tres años de prisión para nuestro cliente, se habrá quedado en una multa.